Puebla está en los ojos de México y el mundo, pero no precisamente por sus buenas noticias. Y es que en cuestión de días, el estado ha acumulado acontecimientos que exhiben problemas de seguridad, crisis municipales, falta de infraestructura, incertidumbre económica y cuestionamientos a sus gobiernos: obras que no aparecen entre las prioridades federales, alcaldes bajo proceso penal, asaltos en la autopista México-Puebla, despidos en Volkswagen, un menor secuestrado en Coronango y hasta policías de Cuautlancingo exhibidos a nivel nacional tras asaltar a un adolescente.
Uno de los principales focos está en el presupuesto federal, en el que Puebla no aparece, hasta ahora, como una de las entidades favorecidas con grandes proyectos de infraestructura; el tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se quedó sin recursos para iniciar su construcción y permanece en una supuesta etapa de estudios y definición técnica.
A ello se suma el caso del Hospital General de Especialidades del IMSS en Amozoc, proyecto largamente esperado que tampoco figura entre las grandes prioridades federales para 2027. Mientras otras regiones concentran inversiones ferroviarias y de infraestructura, Puebla tendrá que buscar alternativas para sacar adelante proyectos estratégicos.
El escenario resulta particularmente incómodo porque el estado enfrenta necesidades crecientes de movilidad, salud y desarrollo regional, y aunque Puebla recibirá recursos federales a través de las participaciones y aportaciones, el reclamo es que no se observa el mismo impulso para las grandes obras que requiere la entidad.
El propio Gobierno Estatal ha planteado asumir con recursos propios algunos proyectos, como el ejecutivo del hospital de Amozoc, en un contexto donde las finanzas públicas obligan a priorizar cada peso.
En el ámbito municipal, la situación tampoco es alentadora; Acatlán de Osorio quedó sumido en una profunda crisis política luego de la necedad de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas a dejar el cargo; después de días de incertidumbre, la funcionaria “parisina” por fin renunció junto con el síndico y siete regidores.
A este caso se suma un dato todavía más grave: varios presidentes municipales poblanos han terminado detenidos o bajo investigación por presuntos delitos; los casos abarcan acusaciones que van desde secuestro y extorsión hasta abuso sexual, cohecho, robo a transportistas y delincuencia organizada. Las detenciones de ediles de Esperanza, Tepeyahualco, Tianguismanalco, Cuautempan y los hermanos González Vieyra han colocado nuevamente bajo la lupa la capacidad de los ayuntamientos para garantizar seguridad y gobernabilidad.
Y mientras los municipios enfrentan esta crisis institucional, la inseguridad golpea directamente a quienes utilizan las carreteras: la autopista México-Puebla-Veracruz continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación para transportistas y automovilistas. Los asaltos, particularmente en zonas identificadas con el llamado Triángulo Rojo, también mantienen encendidas las alertas.
En el terreno económico, la incertidumbre también llegó a uno de los principales motores industriales de Puebla: Volkswagen de México eliminó de manera indefinida un turno de producción de Jetta y Tiguan, con cientos de trabajadores afectados entre bajas y retiros voluntarios.
El ajuste representa un golpe no solamente para las familias de los trabajadores, sino también para la extensa cadena de proveedores de autopartes instalada en Puebla y Tlaxcala. La industria automotriz enfrenta una etapa de reestructuración y menor demanda, y Puebla no es ajena a ese impacto.
En la capital poblana, además, el Ayuntamiento encabezado por el cuestionado e inepto José Chedraui enfrenta incertidumbre en torno al crédito de 440 millones de pesos que pretende contratar para adelantar “obras públicas” y es que aunque el Cabildo aprobó la línea de financiamiento, el préstamo todavía requiere el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El episodio ha generado críticas políticas y cuestionamientos sobre la conveniencia y transparencia del endeudamiento municipal.
Pero quizá el caso que más conmoción generó en los últimos días fue el secuestro de un niño de apenas dos años en Coronango. Dastan Chavarría Martínez fue sustraído por hombres armados cuando caminaba con su madre en Misiones de San Francisco.
El ataque quedó registrado en cámaras de videovigilancia y provocó una inmediata movilización de autoridades de Puebla y Tlaxcala. Horas después, el menor fue localizado con vida en Santa María Acuitlapilco. El caso encendió las alarmas por la vulnerabilidad de las familias y por la facilidad con la que un menor pudo ser sustraído en plena zona habitacional.
A la inseguridad se agrega ahora otro elemento que genera indignación: policías de Cuautlancingo roban a un adolescente; un video difundido en redes sociales muestra a dos elementos policiales persiguiendo al joven y, posteriormente, alejándose mientras éste huye a toda velocidad. Vecinos los acusan de haberlo despojado de su celular y cartera.
Así, Puebla aparece en el escaparate nacional por una combinación poco alentadora: proyectos federales que no terminan de aterrizar, municipios en crisis, alcaldes detenidos, carreteras peligrosas, incertidumbre en la industria automotriz, problemas para financiar obra pública y hechos de violencia que involucran incluso a menores de edad.
