Obtener la “green card” será más difícil para inmigrantes que usan ciertos apoyos públicos

Desde este viernes 18 de septiembre, una nueva norma de la administración de Donald Trump modifica la manera en que los funcionarios migratorios pueden evaluar si una persona que solicita la residencia permanente podría convertirse en "carga pública". El cambio amplía el margen para considerar ayudas destinadas a personas con bajos ingresos y podría dificultar la obtención de la "green card" para inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos.

Además, los funcionarios podrán tomar en cuenta prestaciones gubernamentales solicitadas en nombre de otros integrantes del hogar, incluidos niños que son ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que unas 588.000 solicitudes pasan cada año por revisiones vinculadas con la figura de carga pública.

Una definición con mayor alcance

Durante décadas, el Gobierno estadounidense ha evaluado si quienes buscan la residencia permanente cuentan con medios económicos suficientes para sostenerse. En 1999, la administración Clinton limitó la categoría de carga pública principalmente a quienes dependían de ayudas económicas directas o de Medicaid para atención institucional de largo plazo.

Ahora, la norma revoca el criterio adoptado en 2022 durante la administración Biden, que restringía la evaluación a prestaciones en efectivo y excluía del análisis el uso de programas federales por parte de familiares.

"Bajo la presidencia de @POTUS Trump, el DHS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos", publicó el Departamento de Seguridad Nacional al anunciar el cambio. La agencia también defendió la autosuficiencia como uno de los criterios centrales de la nueva política.

El texto no enumera de manera cerrada los programas que podrán considerarse. Establece que el DHS podrá revisar "cualquier prestación pública sujeta a verificación de recursos". Entre los apoyos que podrían entrar en ese análisis figuran Medicaid, cupones de alimentos, subsidios de vivienda, cuidado infantil y Head Start, además de determinadas exenciones fiscales.

El temor a perder ayudas necesarias

Más allá de quienes finalmente reciban una decisión negativa, el cambio podría modificar el comportamiento de miles de familias. El DHS estima que alrededor de 950.000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas de asistencia pública, entre ellos Medicaid, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), cupones de alimentos y ayuda federal para el alquiler.

Defensores de inmigrantes advierten que el llamado efecto disuasorio puede alcanzar incluso a hogares donde algunos integrantes sí tienen derecho a recibir esos beneficios. "Ningún padre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos y mantener unida a su familia", afirmó Clarissa Hayes, subdirectora de programas y políticas de nutrición infantil del Food Research & Action Center.

Un estudio de la Universidad George Washington calculó que unos 3,7 millones de integrantes de hogares inmigrantes podrían perder acceso a Medicaid, asistencia alimentaria, subsidios de vivienda y otros apoyos. También estimó posibles pérdidas de 27.400 millones de dólares para economías estatales y hasta 212.000 empleos.

La norma llega a tribunales

Una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por Nueva York, presentó una demanda para intentar bloquear la medida. Otro grupo de ciudades promovió una acción similar y sostiene que el nuevo esquema trasladará mayores costos de salud, alimentación y vivienda a los gobiernos locales.

Estados demandantes cuestionan además que la regulación entregue una margen de interpretación demasiado amplio a los funcionarios migratorios. En su presentación judicial, advirtieron que algunas decisiones podrían "apartarse fundamentalmente del significado esencial del término" carga pública.

Por ahora, la jueza federal Ronnie Abrams fijó para el 9 de octubre una audiencia inicial en la demanda presentada por los estados.