La protesta es un derecho, pero no una licencia para cometer delitos; marchar, exigir respuestas al gobierno y bloquear temporalmente una avenida forman parte de la expresión pública; romper comercios, saquear tiendas, incendiar edificios o agredir a otras personas son conductas que pueden tener consecuencias penales.
La diferencia parece clara, pero en las calles suele desdibujarse cuando una manifestación pacífica termina en enfrentamientos.
El artículo 9 de la Constitución mexicana protege el derecho de reunirse pacíficamente para expresar inconformidades y presentar demandas a las autoridades, por ello, una marcha no puede considerarse ilegal únicamente por su mensaje, por incomodar al gobierno o por carecer de un permiso previo.
Las autoridades deben respetar este derecho y actuar con legalidad, necesidad y proporcionalidad cuando sea indispensable intervenir.
Sin embargo, la protección constitucional no ampara cualquier conducta llevada a cabo durante una movilización; dañar propiedad pública o privada, robar mercancías, provocar incendios, lanzar explosivos o lesionar a policías y civiles puede constituir distintos delitos, independientemente de la causa que originó la protesta; la responsabilidad debe determinarse de manera individual, con pruebas y mediante los procedimientos legales correspondientes.
El bloqueo de calles y carreteras requiere distinguir entre una afectación temporal inherente a una manifestación y acciones que impiden gravemente la circulación o son delito; no toda obstrucción constituye automáticamente un ilícito, pero tampoco puede asumirse que cualquier bloqueo está protegido por el derecho a protestar, en todos los casos, la respuesta de las autoridades debe evitar castigos colectivos contra quienes se manifiestan pacíficamente.
¿Por qué una protesta que comienza sin violencia puede terminar en enfrentamientos?
No hay una sola explicación, en una misma movilización pueden coincidir ciudadanos que buscan soluciones, organizaciones políticas, personas dispuestas a confrontar a la policía y participantes que aprovechan el desorden para cometer robos o causar daños.
Cuando estos grupos actúan al mismo tiempo, las demandas originales pueden quedar relegadas por los actos violentos; uno de los conceptos que aparece en estos escenarios es el de los grupos de choque, utilizados para describir a grupos de personas que buscan intimidar, provocar enfrentamientos o alterar una movilización.
En determinados conflictos políticos se ha documentado el uso de estos grupos para desacreditar movimientos o confrontar a adversarios; sin embargo, atribuirles una acción concreta exige pruebas: llevar el rostro cubierto o participar en actos violentos no demuestra, por sí solo, quién los organizó, quién los financia o cuáles son sus motivaciones.
También está la táctica conocida como black bloc, en la que participantes vestidos de negro y con el rostro cubierto actúan dentro de manifestaciones más amplias; no se trata necesariamente de una organización con dirigentes únicos, sino de una forma de actuación que puede reunir motivaciones distintas, desde la confrontación con la policía hasta la destrucción de símbolos económicos o gubernamentales.
El anonimato dificulta la identificación, pero no permite concluir que todos los participantes de una marcha forman parte de esa táctica.
Otro factor es el oportunismo, cuando se rompen escaparates, se incendian edificios o se debilita la vigilancia, algunas personas aprovechan la situación para saquear comercios; en esos casos, el robo deja de tener relación con las demandas originales y se convierte en una conducta independiente que debe investigarse.
La actuación policial también influye en el desarrollo de una protesta; una intervención indiscriminada, el uso excesivo de la fuerza o la detención de personas que no han cometido delitos pueden aumentar la tensión y provocar nuevas confrontaciones.
En el extremo contrario, la falta de respuesta ante agresiones, incendios o saqueos puede facilitar que continúen los daños; el desafío consiste en contener la violencia sin criminalizar a quienes ejercen pacíficamente sus derechos.
Los hechos registrados en Guadalajara ilustran esta tensión, durante las manifestaciones del 11 y 18 de octubre por la calidad del agua, las autoridades reportaron enfrentamientos, daños a inmuebles, saqueos y detenciones.
En la segunda movilización, algunos manifestantes rechazaron la presencia de encapuchados e incluso entregaron a sospechosos a la policía; el episodio muestra que una protesta multitudinaria no necesariamente comparte los objetivos ni los métodos de quienes cometen actos violentos.
En Francia también se reportaron incendios, daños a comercios y enfrentamientos durante las movilizaciones de octubre, pese a que miles de personas salieron a expresar inconformidades sociales.
Estos casos permiten observar un problema común: cuando los actos violentos dominan la cobertura pública, las demandas que motivaron la protesta pierden visibilidad. No obstante, la existencia de disturbios no elimina el derecho de los demás participantes a manifestarse ni exime al Estado de investigar posibles abusos policiales.
La línea entre protestar y delinquir está en las conductas, no en la causa que se defiende ni en la postura política de quien marcha; exigir agua limpia, mejores servicios o la renuncia de un gobernante es parte de la participación ciudadana; incendiar edificios, saquear tiendas o agredir a otras personas puede constituir un delito.
Preservar esa diferencia es indispensable para proteger el derecho a la protesta, exigir responsabilidades individuales y evitar que la violencia silencie las demandas sociales.
