En México, obtener una reparación integral del daño después de un accidente de tránsito puede convertirse en un proceso de varios años. Aunque este derecho contempla compensaciones por lesiones, gastos médicos, pérdida de ingresos y fallecimientos, las víctimas enfrentan obstáculos judiciales, económicos y prácticos que dificultan hacerlo efectivo.
Eduardo Gómez Chávez, abogado de Compensa a Víctimas A.C., explicó a GoFundMe que algunos procedimientos pueden resolverse en tres u ocho meses, mientras otros permanecen abiertos durante ocho o nueve años. Desde su experiencia, el rezago acumulado tras la pandemia, los paros en tribunales y los cambios relacionados con la reforma judicial han contribuido a la saturación de los órganos jurisdiccionales.
La reparación integral comprende daños materiales e inmateriales. Entre los conceptos que pueden considerarse están la hospitalización, los medicamentos, la rehabilitación, los cuidados futuros y los ingresos que una persona deja de percibir cuando sus lesiones le impiden trabajar. También pueden contemplarse las afectaciones a su autonomía y proyecto de vida.
Cuando el accidente provoca una muerte, los familiares pueden ser reconocidos como víctimas indirectas y tener derecho a una compensación que incluya gastos funerarios y la pérdida del sustento económico que aportaba la persona fallecida.
Falta de seguros y responsables no identificados
Uno de los obstáculos aparece cuando el conductor involucrado abandona el lugar del siniestro y no puede ser identificado. Esta situación dificulta esclarecer los hechos y reclamar una compensación a quien ocasionó el daño.
La falta de cobertura financiera representa otra barrera. Según la estimación de Gómez Chávez, solamente el 30% del parque vehicular que circula en México cuenta con seguro. Esto significa que aproximadamente siete de cada diez vehículos carecen de esa protección, lo que puede complicar el pago de una reparación cuando el responsable no dispone de recursos suficientes.
El especialista señaló que, en diversas legislaciones estatales, el propietario del vehículo también puede estar obligado a reparar el daño. Asimismo, las aseguradoras pueden tener responsabilidad de pago cuando existe una póliza aplicable.
La urgencia económica puede reducir las compensaciones
Las dificultades se intensifican cuando la persona lesionada o fallecida era el principal sostén económico de su familia. La pérdida repentina de ingresos puede obligar a los afectados a buscar recursos mientras se determina la responsabilidad y avanza el procedimiento legal.
Esta necesidad también influye en las negociaciones. Según la experiencia del abogado, algunas familias reciben ofertas equivalentes al 20% o incluso al 10% de lo que podría corresponderles por concepto de reparación. La urgencia de cubrir alimentación, vivienda o atención médica puede llevarlas a aceptar cantidades insuficientes para afrontar las consecuencias económicas a largo plazo.
Durante la espera, algunas víctimas recurren a préstamos, empeñan pertenencias, solicitan ayuda de vecinos u organizan colectas, especialmente en GoFundMe. Estas alternativas permiten atender necesidades inmediatas, pero no sustituyen la reparación integral ni las obligaciones de quien resulte responsable.
Miles de víctimas enfrentan las consecuencias de los accidentes
La dimensión del problema se refleja en las estadísticas nacionales. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, más de 221 mil personas fallecieron por lesiones de tránsito en México entre 2011 y 2024, un promedio cercano a 16 mil muertes anuales.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró durante 2025 un total de 49 mil 22 víctimas de lesiones culposas y 15 mil 180 víctimas de homicidio culposo en accidentes de tránsito.
Entre enero y septiembre de 2026, las cifras fueron de 31 mil 696 víctimas de lesiones culposas y 9 mil 35 de homicidio culposo.
Más allá de las consecuencias físicas y familiares, los siniestros pueden generar obligaciones económicas prolongadas. La reparación integral busca atender esos daños, pero su cumplimiento puede depender de identificar a los responsables, contar con recursos para cubrir las compensaciones y atravesar procedimientos judiciales cuya duración resulta incierta para las víctimas.
En ese escenario, el tiempo necesario para obtener una resolución adquiere especial importancia para las familias que deben afrontar gastos médicos, pérdida de ingresos o necesidades básicas desde los primeros días posteriores al accidente.
